diariolibre.com - 19 hours ago

En la República Dominicana, el embargo retentivo, como instrumento de recuperación de créditos, ha sido objeto de análisis profundo y debate constante. Este vehículo procesal, que permite indisponer los bienes del deudor en favor de su acreedor, ha demostrado ser una herramienta útil para los fines que fue concebida, más su aplicación se ha tornado compleja puesto que en la práctica conviven tanto su uso legítimo como el ejercicio desviado de este tipo de procedimientos.  A junio de 2025 el monto promedio mensual de los depósitos indispuestos superó los RD$28.7 mil millones, colocados en 232,798 cuentas en 29 entidades de intermediación financiera. Dentro de estas cifras se incluyen lastimosamente embargos retentivos trabados de manera abusiva, que limitan el acceso a recursos a personas, mipymes y empresas, con su correlativo efecto sobre la dinámica comercial. La Superintendencia de Bancos ha recibido de primera mano quejas de usuarios que afirman ser objeto de embargos retentivos temerarios y dicen encontrarse desprotegidos frente a una legislación que no se ajusta ya a la realidad. Por este motivo, hemos asumido el compromiso de liderar acciones concretas que contribuyan a actualizar esta figura, proteger los derechos de las personas involucradas y fortalecer la seguridad jurídica. Conscientes de la importancia de contar con una visión comparada para comprender esta problemática, desde esta institución llevamos a cabo un análisis de la legislación vigente en materia de procedimiento de embargo retentivo, con asesoría legal de expertos nacionales e internacionales, lo que nos permitió identificar buenas prácticas asumidas por otros sistemas jurídicos, facilitando la elaboración de propuestas adaptadas a nuestra realidad y necesidad. Con el objetivo de formular consultas y generar espacios de diálogo, realizamos durante el año 2023 una convocatoria amplia a los distintos sectores que juegan un rol determinante dentro del procedimiento de embargos retentivos. Participaron entidades de intermediación financiera, entes del Estado, abogados, auxiliares de justicia, profesores universitarios y representantes de la sociedad civil y del sector empresarial. En cada uno de estos encuentros abrimos mesas de debate en las que pudimos escuchar diferentes puntos de vista, identificar oportunidades de mejora y unificar criterios para proponer soluciones efectivas a la problemática. La metodología empleada se basó en el diálogo abierto y la recolección de opiniones expertas. Se formularon preguntas diseñadas para captar los aspectos más relevantes de esta figura legal y las distintas perspectivas de cada participante. Las respuestas obtenidas enriquecieron el análisis técnico y sirvieron de base para la elaboración de recomendaciones concretas. Los principales retos identificados incluían diferenciar la figura del embargo retentivo y la oposición simple, delimitando sus aplicaciones y procedimientos, recalibrar los derechos entre acreedores y deudores, aclarar el rol de los terceros embargados, prohibir los embargos reiterativos luego de que se han levantado, reforzar las sanciones contra las personas que abusan de estas figuras, definir las condiciones que debe tener el título para trabar algún embargo, simplificar el procedimiento ante los tribunales y reducir plazos, entre otros. Producto del esfuerzo colectivo se pudo lograr un análisis profundo sobre la figura del embargo retentivo en la República Dominicana, que permitió a la Superintendencia de Bancos construir para 2024, junto al equipo de la entonces senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, una iniciativa legislativa que regulara este procedimiento, introduciendo mejoras sustantivas al Código de Procedimiento Civil. El congresista Antonio Taveras Guzmán dio continuidad a estos esfuerzos, sometiendo durante el año 2025 el proyecto de ley a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, donde actualmente está siendo discutido, lo que representa un avance significativo hacia su eventual aprobación.La reforma del embargo retentivo es una necesidad inminente para adaptar el marco legal dominicano a las complejidades del entorno financiero y judicial actual. Desde la Superintendencia de Bancos, hemos asumido un rol activo en esta transformación, promoviendo acciones palpables, articulando el diálogo entre sectores y facilitando la elaboración de propuestas legislativas que protejan dignamente los derechos de las personas y contribuyan con el correcto desenvolvimiento de la economía nacional.

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