Crisis política en Perú: la moral del poder y los límites de la ley

El Palacio de Justicia se levanta bajo un cielo dividido entre la luz y la tormenta. No es solo una imagen: es un diagnóstico. Allí donde el derecho busca firmeza, el poder se agita, y entre ambos, la sociedad peruana intenta sostener el equilibrio perdido. La destitución de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, aprobada por ciento veintiún votos en el Congreso, reabre el viejo debate latinoamericano sobre los límites del poder y el sentido de la ley. Amparada en el artículo 113, inciso 2, la vacancia confirma que cuando la moral política carece de forma jurídica y de procedimiento, se convierte en un instrumento de coyuntura. Es el sexto relevo presidencial en menos de una década, un hecho que trasciende la anécdota y revela una enfermedad institucional: la sustitución del juicio de legalidad por el juicio de conveniencia.El detonante fue un ataque armado durante un concierto en Chorrillos que dejó varios heridos y se convirtió, en cuestión de horas, en símbolo de la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad ciudadana. Desde ese instante, la crisis dejó de ser de gestión para volverse de percepción, y la percepción bastó para juzgar la moral del poder. La política peruana volvió a reaccionar desde la emoción antes que desde la razón. El Congreso, convertido en tribunal de conciencia, asumió la potestad de decidir no solo quién gobierna, sino quién merece hacerlo. Esa confusión entre moral y derecho, entre virtud y ley, es el germen de toda inestabilidad institucional.Horas después de la vacancia, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que solicitaría un impedimento de salida del país contra la expresidenta. La medida se apoya en carpetas abiertas en la Fiscalía de la Nación, por presuntas irregularidades durante su mandato, y en fiscalías provinciales especializadas en lavado de activos, donde se investigan operaciones patrimoniales vinculadas a su entorno político y empresarial.El abogado defensor Juan Carlos Portugal advirtió entonces: “Toda persona tiene derecho a ser oída en igualdad de condiciones, sin que la política sustituya el debido proceso.” Su afirmación, sencilla y profunda, recordó que la justicia no puede ser el eco del momento político. El caso aún espera resolución judicial, pero su sola existencia amplifica la crisis: ya no se trata solo de la pérdida del cargo, sino de la restricción de movimiento, la erosión de la reputación y la exposición pública. Cuando el control político se funde con el control penal, la línea que separa justicia de revancha se desvanece, y el Estado corre el riesgo de devorarse a sí mismo.El Tribunal Constitucional del Perú, en su sentencia 0006-2020-PI/TC, había advertido que el uso extensivo de la causal de incapacidad moral “puede comprometer la estabilidad democrática y desnaturalizar el régimen presidencial”. El propio Óscar Urviola Hani, expresidente del Tribunal, fue aún más contundente:“La incapacidad moral permanente no puede interpretarse a discreción política. Si no está debidamente probada y fundamentada, se convierte en un mecanismo de desestabilización, no de control.”Su advertencia resuena más allá del Perú, porque la región entera enfrenta el desafío de conciliar ética pública con legalidad constitucional. Ignorar esa frontera es abrir la puerta a la arbitrariedad con apariencia de virtud. El Congreso volvió a actuar como poder constituyente de facto, sin límites reglados ni definiciones objetivas. El resultado es previsible: cada crisis se convierte en oportunidad de destitución y cada destitución, en el preludio de una nueva crisis. La democracia se fatiga, y el ciudadano, desencantado, observa cómo el poder se destruye en nombre de la ética que dice proteger.La historia reciente ofrece un dato revelador: entre 2016 y 2025, el Perú ha tenido seis presidentes y su crecimiento económico promedio cayó de 5.8 % a 1.9 %. Ninguna economía puede prosperar en medio de la incertidumbre jurídica y la fragmentación política. Sin estabilidad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay legitimidad. La inestabilidad no solo empobrece al Estado: empobrece la confianza, y con ella, el futuro de millones. Mientras Perú desacelera, países con estabilidad constitucional sostenida —como Chile o la República Dominicana— mantienen flujos de inversión y estabilidad social. La economía, como la democracia, no sobrevive a la desconfianza.La República Dominicana ofrece una lección distinta. Nuestra Constitución, en sus artículos 128 y 129, establece causales precisas para la destitución presidencial, preservando la estabilidad institucional y el debido proceso. Esa rigidez jurídica, que algunos podrían ver como exceso de formalidad, es en realidad un escudo contra la arbitrariedad. Protege la continuidad del Estado frente a las pasiones del momento y garantiza que el juicio político no sustituya al judicial. Pero esta lección no invita a la complacencia, sino a la vigilancia. La estabilidad no se hereda: se construye cada día con equilibrio, transparencia y justicia que inspire confianza. Un país se fortalece cuando la ley no depende de los aplausos, sino de los principios.El poder sin límites jurídicos acaba siendo violencia, y la moral sin ley termina siendo inquisición. La solicitud de impedimento de salida contra Dina Boluarte marca el paso de una crisis política a una crisis judicial, y evidencia hasta qué punto el poder latinoamericano vive bajo la sombra de la desconfianza. La tarea de este tiempo no es destituir con mayor rapidez, sino gobernar con mayor responsabilidad. Las democracias no se salvan con destituciones, sino con resu no se consolidan con discursos, sino con institu no se legitiman con el miedo, sino con la confianza ciudadana.Cuando la ley vuelve a ser refugio y no castigo, y cuando la política logra reconciliar la esperanza con la verdad, la república recupera su sentido. Porque al final, las repúblicas no se salvan en los congresos ni en los tribunales: se salvan en el alma cívica de su gente. El poder solo tiene legitimidad cuando la justicia, autoridad cuando equ y la moral, fuerza cuando se convierte en ejemplo. El Perú nos recuerda hoy que sin equilibrio, la democracia es ruido, pero con equilibrio, vuelve a ser proyecto. Y que incluso en medio de la tormenta, siempre hay un amanecer que recuerda que la justicia no se rinde.

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