diariolibre.com - 2 days ago

La defensa del abogado Ángel Lockward solicitó este viernes al tribunal que conoce el caso Calamar declarar inconstitucional el informe de auditoría elaborado en el 2021 por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, al considerar que el documento fue utilizado de “forma irregular” por el Ministerio Público para sustentar las acusaciones en su contra.Los abogados Norberto Rondón y Carlos Escalante afirmaron ante el tribunal que el informe carece de los elementos esenciales para tener validez jurídica, ya que no cuenta con la firma ni con una resolución del contralor general. A su juicio, la auditoría constituye “un acto inexistente y sin valor probatorio”, lo que la convierte en una vulneración del debido proceso.El equipo legal explicó que el documento fue usado como base para la medida de coerción y para la imputación del Ministerio Público sin que se notificara a los funcionarios o particulares señalados en sus conclusiones. En ese sentido, consideraron que esa omisión impidió que los afectados pudieran ejercer su derecho a recurrirlo o defenderse oportunamente.Durante su intervención, la defensa de Lockward también cuestionó la manera en que el Ministerio Público y los querellantes particulares han incorporado las pruebas al proceso, asegurando que existen contradicciones en las calificaciones jurídicas y fallas en los procedimientos. Sostuvieron que los elementos presentados por Lockward demuestran que no participó en los hechos por los que se le acusa.Con la exposición de este viernes, la defensa de Lockward concluyó su turno, quedando pendiente la continuación de las presentaciones de otros encartados. Te puede interesar Exministro Donald Guerrero empezaría su defensa hoy contra acusación de corrupción El casoEl caso Calamar involucra a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, entre ellos el exministro de Hacienda, Donald Gu el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo. El Ministerio Público les atribuye haber encabezado una supuesta red que presuntamente desvió miles de millones de pesos mediante pagos irregulares de expropiaciones y otras operaciones financieras.El proceso se encuentra actualmente en la etapa preliminar, en la que el tribunal deberá decidir si admite la acusación y envía el expediente a juicio de fondo.

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